Desde 1975: FUERZAS convergentes y divergentes…

La lectura de sucesivos comunicados y declaraciones de políticos publicadas en diarios y revistas desde mediados de 1975, cercano el primer aniversario del fallecimiento del presidente Tte. Gral. Juan Domingo Perón, demuestran que aumentaba la oposición a la presidente María Estela Martínez de Perón con notable influencia del ministro de Bienestar Social José López Rega, mientras continuaban operando intensamente los grupos armados civiles que desde fines de la década del ’60 en sus periódicos aludían a “la guerra” promovida contra el sistema y “la burguesía”…

Francisco Paco Manrique conducía el “Partido Federal” reconocido como la tercera fuerza electoral y en julio de 1975 durante un diálogo con el periodista Bernardo Neustadt conductor del programa “Tiempo Nuevo”, interrogó:

Pero, ¿quién gobierna? ¿Ese conjunto colegiado de ministros que, además, no produce ninguna confianza al país? Eso sigue siendo anarquía. Y, lo peor, anarquía organizada”.

Desde el seno del movimiento nacional justicialista también destacaban que la conducción política del país declinaba continuamente y el diputado Carlos Palacios Deheza, advirtió que “así no llegamos a 1977, sino ni siquiera a 1976”.

Una conclusión semejante fue expresada por Victorio Calabró, gobernador de la provincia de Buenos Aires perteneciente al sector reconocido como “la izquierda peronista”, rememorada por el destacado político y escritor Juan Bautista Tata Yofre:

“…si las cosas siguen así, no llegamos al 77…”

El diputado Aramid Monsalve del Movimiento Popular Neuquino, en aquel tiempo dijo:

“…No puede transcurrir un minuto más en el más absoluto desorden”.

El vehemente Oscar Allende, desde “la izquierda” exclamaba:

“…el desgobierno ha colmado la paciencia de los argentinos.”

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El doctor Ricardo Balbín dialogaba con la presidente María Estela Martínez de Perón evaluando la creciente violencia de los grupos guerrilleros y las acciones impulsadas desde el gobierno nacional a los fines de “controlar el accionar” de los autoproclamados “ejércitos revolucionarios” que operaban en todas las provincias.

Se había concretado el Operativo Independencia en cumplimiento del Decreto Secreto Nº 261 del P.E.N. que en febrero de 1975, ordena a las Fuerzas Armadas: “…ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. En los montes tucumanos murieron soldados incorporados al servicio militar obligatorio, suboficiales y oficiales del ejército nacional, también grupos de guerrilleros.

En octubre de 1975, mediante el Decreto Nº 2.772 el gobierno nacional ordenó “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país.”

Han reiterado un breve diálogo durante el encuentro del doctor Balbín con el general Jorge Rafael Videla -máxima autoridad del Ejército Argentino- casi a fines de diciembre de 1975:

-“General, yo estoy más allá del bien y del mal. Me siento muy mal, estoy afligido. Esta situación no da más. ¿Van a hacer el golpe? ¿Sí o no? ¿Cuándo?”.

-“Doctor, si usted quiere que le dé una fecha, un plan de gobierno, siento decepcionarlo, porque no sé. No está definido. Ahora, si esto se derrumba, pondremos la mano para que la pera no se estrelle contra el piso”.

-“Háganlo cuanto antes. Terminen con esta agonía”.

Sabido es que el doctor Ricardo Balbín expresó su pesar tras el fallecimiento del Tte. Gral. Juan Domingo Perón, el 1º de Julio de 1974 a las 13:15.

El 4 de julio de 1974, antes del sepelio pronunció un breve discurso y emocionado dijo: “…Este viejo adversario hoy despide a un amigo”.

El senador nacional Eduardo Angeloz representante de la provincia de Córdoba perteneciente a la Unión Cívica Radical, se animó a decir:

Debo confesar que en el día de hoy he golpeado las puertas [?] de la Policía Federal, la de algunos hombres del Ejército. Y el silencio es toda la respuesta que he encontrado”

Ha destacado el escritor Juan Bautista Yofre que también el Partido Comunista presionaba sobre las fuerzas armadas, y el 12 de marzo de 1976, habían reiterado “su propuesta de formación de un gabinete cívico-militar”.

Jorge Antonio, amigo de Perón y solidario durante su prolongado exilio, el 22 de marzo durante una conferencia de prensa difundida desde un hotel de la ciudad de Buenos Aires, dijo:

Si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean”.

En algunos gremios durante aquellas semanas hubo distintos comentarios y no era por casualidad que se aludiera a “la jabonería de Vieytes” -en la versión del siglo veinte sin producciones artesanales-, sólo el lugar donde políticos y gremialistas en la capital federal realizaban breves y reservadas reuniones a los fines de prever alguna “ingeniería” para sostener las estructuras ante el cercano y casi ineludible desenlace.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ha destacado que hasta el 24 de marzo de 1976, hubo 642 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo con destinos desconocidos y 525 muertos, en total 1.167 casos denunciados y con trámites judiciales durante gobiernos elegidos por ciudadanos argentinos.

Sea tenido en cuenta lo escrito por el General de Brigada (R) Jorge Norberto Apa en una carta publicada en el diario “La Nación” de Buenos Aires a principios de octubre de 2001, dos meses antes de la renuncia del presidente Dr. Fernando de la Rúa, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003, decisión adoptada como consecuencia de sucesivas manifestaciones en las calles con represiones que provocaron muertes.

Destacó el General Jorge N. Apa:

“El último documento público actualizado con documentos hasta 1996 es el libro ‘Obediencia debida’, de José Luis D’Andrea Mohr, editado en 1999. Allí se registran en detalle los 922 desaparecidos durante los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y la viuda de Perón y los 7048 desaparecidos durante el gobierno militar.”

El sábado 7 de mayo de 2005, la doctora Nora Ginzburg -abogada-, en una carta de lectores publicada en el diario “La Nación” de Buenos Aires, destacó:

“En 1975, en una reunión multipartidaria, Balbín, Manrique, Alende y otros, plantearon al gobierno su preocupación por la represión ilegal existente. El libro ‘Nunca más’ suministra una nómina de 500 desaparecidos entre 1973/1976.

Es decir, había un conocimiento y consentimiento pleno de lo que ocurría por parte del gobierno constitucional.

Sólo se extraditó a López Rega. Al resto de los funcionarios de Isabel Perón ni se los molestó, como tampoco a ésta, no obstante ser la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Ningún gobierno puede implantar el terrorismo de Estado. No se ganó la batalla contra la impunidad por juzgar a las juntas militares, ya que se ‘cubrió’ deliberadamente a muchos civiles culpables. Una justicia selectiva, que persigue sólo a algunos y es complaciente con los ‘amigos’ no sirve como ejemplo.”

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1983 Diciembre – Transición del “Proceso” a la “Democracia”…

Hay que tener en cuenta que la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) que funcionó bajo la presidencia del físico y escritor Ernesto Roque Sábato, incluyó un cómputo de 8.961 desaparecidos.

El prólogo del informe final publicado con el título “Nunca Más”, fue escrito por Ernesto Sábato quien paradójicamente durante el otoño de 1976 había compartido un almuerzo privado con el General Jorge Rafael Videla, acompañado por otros escritores: el presidente de la SADE -Sociedad Argentina de Escritores- de Buenos Aires, Ratti, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges -más conocido como Jorge Luis Borges- y el sacerdote jesuita Leonardo Castellani, de acuerdo a posteriores declaraciones con el propósito de solicitar la libertad de periodistas y escritores detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional…

Es oportuno reiterar estos párrafos:

…Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana.

Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán los hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado…”

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Vaivenes en la política económica (1983-1999)

Siguen las alusiones a la década del ’90, cuando el gobierno nacional y la población soportaron las secuelas de las políticas socioeconómicas impulsadas por el presidente doctor Raúl Ricardo Alfonsín desde el 10 de diciembre de 1983 a julio de 1989 (electo por el 51,7 % de los votantes logrando el 40,1% la fórmula Ítalo Argentino Luder-Deolindo Felipe Bittel, Partido Justicialista).

El radical Alfonsín durante la campaña política reiteró el Preámbulo de la Constitución Nacional sancionada en 1853, reformada en 1957 durante la autodenominada “revolución liberadora” conducida por el General Pedro Eugenio Aramburu y el Contralmirante Isaac Francisco Rojas.

Mediante el decreto Nº 158 firmado días después de asumir, ordenó el juicio a los ex comandantes de las Juntas Militares que detentaron el poder desde el 24 de marzo de 1983 por las detenciones, torturas y homicidios que habían concretado “inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional”. El Decreto Nº 167, establecía la necesidad de perseguir y juzgar a los conductores de los grupos civiles armados -principalmente integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros-, porque durante aquel tiempo habían asaltado unidades militares y establecimientos sanitarios; produjeron destrucciones en viviendas y edificios públicos mediante el uso de explosivos, secuestraron, torturaron y asesinaron incluso a niños y adolescentes, a soldados que cumplían el servicio militar obligatorio.

El 15 de diciembre, el presidente Alfonsín anunció la constitución de la CONADEP –Comisión Nacional de Desaparición de Personas- que presidió el escritor Ernesto Roque Sábato y fue integrada por representantes de asociaciones de defensa de los “derechos humanos” que se habían manifestado desde el otoño de 1977.

El doctor Alfonsín había prometido reducir en “un tercio” el presupuesto de las fuerzas armadas y anunció propósitos de innovación en las organizaciones gremiales. No fueron casuales los sucesivos “levantamientos” y tampoco los trece paros generales concretados durante su gobierno, dispuestos por sindicatos conducidos por Saúl Ubaldini, secretario general de la Confederación General del Trabajo.

Desde enero de 1985, mientras seguía aumentando la inflación, el economista Juan Vital Sourrouile había reemplazado a Bernardo Grinspun y al enunciar el nuevo proyecto aludió a la apertura de la economía, decisión de no emitir moneda, impulso de las exportaciones, disminución del gasto público y del déficit fiscal…

Tras tales propósitos y cercanas las elecciones para renovación de legisladores, el presidente Alfonsín casualmente tres años después del comienzo de la gesta de las Islas Malvinas -cuando aún no habían sancionado leyes de protección a los combatientes y tampoco de asistencia a familiares-, en abril de 1985 expresó que el país entraba en una “economía de guerra”.

Al mes siguiente, el presidente Raúl Alfonsín anunció el lanzamiento del Plan Austral con el propósito de contener o reducir el proceso inflacionario y evitar el desempleo. Hubo cambios positivos porque durante los primeros meses se redujo la inflación aproximadamente en el uno por ciento mensual, aunque el poder adquisitivo de los asalariados continuaba “muy por debajo de la década anterior” y el crecimiento de la deuda externa seguía siendo una complicación para el desarrollo nacional.

El cambio de “signo monetario” fue el eje del nuevo plan económico: se aprobó la circulación del “Austral” sobre la base del “Peso Argentino” con la eliminación de “tres ceros” y como han reiterado en sucesivas crónicas, establecido el “desagio”, por el cual el peso argentino se depreciaba frente al Austral a la tasa de inflación anterior a la entrada en vigor del Plan”. El gobierno estableció que 0,80 Australes eran equivalentes a un dólar y mientras la inflación aumentaba el 1% diario, la población compraba dólares o depositaba a plazos fijos. La deuda externa en “default” provocaba desconfianza en los mercados internacionales. Resultó evidente que el gobierno postergaba las decisiones con la esperanza de poder reestructurar futuros pagos.

El Estado era el proveedor de todos los servicios públicos y el gobierno congeló los sueldos, las tarifas de servicios y estableció listas con precios máximos para facilitar la compra de los productos alimenticios y de insoslayable necesidad. Al liberar gradualmente algunos precios aumentó la inflación.

En 1988, el presidente Alfonsín promulgó la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional. Al año siguiente decidió anticipar la fecha de entrega del poder y en julio de 1989, asumió el electo presidente doctor Carlos Saúl Menem, riojano y distinguido conductor en el seno del Partido Justicialista.

Cuatro años después, diálogos entre ambos dirigentes y elaboración de una propuesta conjunta a los fines de promover al reforma constitucional que se concretó durante el otoño de 1994 en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz -y reuniones en la ciudad de Paraná, capital entrerriana-, incluyendo la reelección presidencial, incorporación de un senador por la minoría, creación del cargo de Jefe de Gabinete de ministros, reiteración de los textos completos de Tratados Internacionales.

 Es oportuno destacar que en el Art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional de 1994, está expresamente establecido que el Poder Ejecutivo Nacional puede firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia ante determinadas circunstancias y en el segundo párrafo indica:

“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.”

El presidente Menem terminó su mandato en diciembre de 1999, asumió el presidente doctor Fernando de la Rúa y el vicepresidente Prof. Carlos Chacho Álvarez, renunciante tras información relacionada con el pago de “sobornos” para obtener más votos en la Cámara de Senadores

Tiempo después, el doctor Machinea (n. 1946, ministro de Economía que aumentó los impuestos a la “clase media” en la proporción indicada en la casi legendaria Tablita de Machinea), dijo que no había apoyado “la convertibilidad” y explicó que para evitar “el caos” era necesario mantener aquella “paridad” del peso con el dólar como estaba reconocida en los contratos.

Las continuas protestas en las calles y los “cacerolazos” en las avenidas de la ciudad de Buenos Aires, aceleraron la decisión del presidente Fernando de la Rúa y el 20 de diciembre de 2001 presentó su renuncia mientras resonaba la consigna popular “¡que se vayan todos!”

Erráticas políticas económicas provocaron en poco más de diez años, la desaparición de aproximadamente 200.000 mil familias “productoras rurales” hasta comienzos del siglo XXI y 60.000 productores agropecuarios desaparecieron en el período 2007 hasta julio de 2009, aunque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indica que fue durante el lapso 2002-2009, incluyendo así las responsabilidades del presidente provisorio Dr. Eduardo Duhalde (enero 2002 a mayo 2003), tiempo del “fin de la convertibilidad” y de la “pesificación asimétrica” que benefició a los que más tenían y perjudicó a los sectores de menores recursos.

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1990 – Juan Gasparini y sucesivas “pistas”…

No fue por casualidad que el periodista Juan Gasparini publicara en 1986 su libro titulado La pista suiza destacando que en una institución bancaria estarían guardadas las listas de los detenidos-desaparecidos durante el autodenominado “proceso de reorganización nacional” que condujo inicialmente el general Jorge Rafael Videla.

Ese año, a pedido de Carlos Hours -ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-, debía presentarse a declarar Juan Gasparini reconocido como ex integrante de la conducción de Montoneros, colaborador en la revista “Cambio 16, vinculado con agentes de inteligencia argentinos, como testigo contra el comandante Mario Eduardo Firmenich en la causa referida al secuestro de los hermanos Born, en el cual también había participado “el loco” Rodolfo Galimberti, lustros después socio de Jorge Born en una expresa de telecomunicaciones.

El 16 de agosto de 1990, durante el segundo año de la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem (Partido Justicialista), el periodista y escritor Juan Gasparini recuperó la libertad mediante el indulto que firmó el riojano con el propósito de avanzar hacia la reconciliacion entre los argentinos…

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1995 – “No hay listas de desaparecidos”…

Desde la televisión y por distintos medios, el 3 de marzo de 1995 difundieron las patéticas declaraciones de Alfredo Scilingo, un ex capitán que se animó a decir que dos aviones -de la Prefectura Naval Argentina y de la Armada-, habían arrojado aproximadamente treinta personas al “río de Plata”, anestesiadas y aún con vidas. Aludió a archivos que supuestamente estarían en España y en Suiza, referidos a dos mil personas “desaparecidas” en traslados desde la ESMA, escuela de mecánica de la armada donde algunos soldados y suboficiales realizaban los trabajos “de rutina” sin imaginar las acciones de otros grupos que cumplían órdenes para “aniquilar el accionar” de los grupos subversivos.

Casi al finalizar la primera presidencia del doctor Carlos Saúl Menen, con cuatro votos a favor y dos en contra, la Cámara Federal decidió en julio de 1995 “congelar la investigación” en torno a los desaparecidos que estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo en la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1978, siendo ministro del Interior el General Armando Harguindeguy. Nadie hablaba de los “microfilms” de listas de desaparecidos que el fiscal federal Dr. Julio César Strassera mencionaba, teniendo en cuenta los testimonios de Víctor Melchor Basterra y Carlos) Muñoz durante el juicio a las Juntas militares que operaron desde marzo de 1976.

El riojano Carlos Menem que había soportado desde el comienzo de aquel fatídico “proceso” y a quien el general Harguindeguy en 1981 destinó a “Las Lomitas” en territorio de la provincia de Formosa por ser un lugar inhóspito principalmente durante el verano, dijo que Scilingo era “un facineroso” y la semana siguiente, Héctor Vergés (capitán retirado) aprobó la iniciativa de difundir las nóminas de desaparecidos mientras Harguindeguy declaraba ante periodistas que cuando él se alejó del Ministerio del Interior había “gran cantidad de carpetas con todas las investigaciones que se realizaban; eran miles de fichas. Yo quise publicar los nombres pero Viola Massera y Agosti no me lo permitieron”.

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Opiniones sobre represión a los guerrilleros…

Agustín Laje Arrigoni rememoró lo expresado por “el terrorista Enrique Gorriarán Merlo” concluida aquella guerra civil no declarada:

“…las técnicas represivas de ese gobierno surgido de elecciones fueron (aunque parezca difícil de creerlo) más feroces que las instrumentadas por el gobierno de facto de Onganía, Levingston y Lanusse”.

Julio Santucho, hermano de Mario Santucho -máximo jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo hasta su muerte-, había destacado:

“…en un solo año de gobierno popular, nuestro pueblo tuvo más muertos que en siete años de dictadura militar (…) la represión actuada por el gobierno peronista fue diez veces mayor que la de la Revolución Argentina proclamada por el general Onganía.”

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Disminución de “desaparecidos”…

El martes 30 de noviembre de 1999, desde el diario “La Nación” con el título Desaparecidos: cautela judicial”, el periodista Luis Moreira destacó lo informado por el camarista Leopoldo Schiffrin:

No hay que crear falsas expectativas en temas tan dolorosos y terribles”.

“…Las fichas indican que un NN cayó en un enfrentamiento y aparece el nombre; entonces, si se compara con los datos de la Conadep y surge que esa persona desapareció en la misma fecha, se establece con cierto grado de certeza que es esa persona”…

Comentó en la citada nota que “Ricardo Omar Sapag, hijo del gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, fue muerto el 30 de julio de 1977 mientras esperaba a un amigo frente a la fábrica de Alpargatas, y enterrado como NN en el cementerio de esta capital. Algunas versiones periodísticas afirmaron ayer que su cuerpo estaba entre los 124 identificados recientemente.

Su hermana, Silvia Sapag, sin embargo, recordó ayer que la familia recuperó el cuerpo de Ricardo Omar doce días después de su asesinato”.

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Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia de la Nación firmado por el ministro Dr. Gustavo Béliz y el doctor Eduardo Luis Duhalde (defensor de “guerrilleros”), indicó en el año 2004 que 3.000 de las 9.000 personas incluidas en el libro “Nunca Más” no estaban desaparecidas.

Sabido es que entre ellas debieron excluir a la doctora Carmen Argibay, actualmente Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asumió durante la presidencia del doctor Néstor Carlos Kirchner, con aprobación de la mayoría del “justicialismo” en la Cámara de Senadores, cuando fueron nombrados cuatro miembros en reemplazo de renunciantes en el período 2002-2004: la citada doctora Argibay, la doctora Elena Higton y los Doctores Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti.

También habían incluido como “desaparecido” al doctor Esteban Righi, Procurador General de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-Diciembre 10-2011)…

Información difundida desde el diario “Clarín” de Buenos Aires, destacó que un argentino herido en Israel durante un atentado palestino, que hasta entonces “era un desaparecido”, relató cómo fue ese ataque terrorista.

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2001 – En torno a los pagos de indemnizaciones…

El 9 de octubre de 2001, en “Cartas de lectores” del diario La Nación de la ciudad de Buenos Aires, publicaron una nota del General de Brigada (R) Jorge Norberto Apa referida a Desaparecidos y que comienza con un interrogante: “¿Quince mil desaparecidos?”.

Es oportuno reiterar el texto completo porque TODO es HISTORIA de los argentinos…

“La ley 24.411, sancionada el 7 de diciembre de 1994, referida a los beneficios por percibir por medio de sus causahabientes a aquellos que estuvieran encuadrados en la figura ‘desaparición forzada de personas’, en su artículo 5º, establece que la aparición de la persona no obliga a reintegrar el dinero, si ya fue cobrado.

El último documento público actualizado con documentos hasta 1996 es el libro ‘Obediencia debida’, de José Luis D’Andrea Mohr, editado en 1999. Allí se registran en detalle los 922 desaparecidos durante los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y la viuda de Perón y los 7048 desaparecidos durante el gobierno militar.

Estos números, que ya excedían la realidad, han sido misteriosa y repentinamente aumentados a ‘15.000 desaparecidos’ por la subsecretaria de Derechos Humanos Diana Conti (anuncio a los MCS del 7 de septiembre último), que expresó además que seguirían ‘buscando’ hasta llegar a los 30.000 desaparecidos estimados (?).

‘Recordemos que el ex presidente Menem destinó para el cumplimiento de esta ley la suma de hasta 4.000.000.000 de pesos. Nunca se conocieron los beneficiados ni las víctimas.

Como ciudadano y en virtud del artículo 14 de la Constitución nacional, quiero peticionar a las autoridades nacionales para que haya transparencia en el uso de los dineros públicos, requiriéndoles que publiquen en Internet la nómina de los desaparecidos con número de documento, último domicilio, edad y circunstancias de tiempo, lugar y otros detalles que justifiquen su beneficio, así como los datos de los causahabientes beneficiados con su correspondiente parentesco y dinero cobrado (un listado con datos incompletos no permitiría comprobar nada y sería una burla al pueblo).

Así, podremos conocer ese importante trabajo que han realizado y colaborar, como ciudadanos, comprometidos con la Nación, en su completamiento y corrección.

Si no lo hicieran y en virtud de los valores en juego y del posible perjuicio económico a la República (erario), tendremos el derecho a pensar que se está en presencia de un acto más de corrupción de funcionarios del Estado en complicidad con otras personas y de la comisión de un delito de falsedad ideológica.”

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2003 – Kirchner y la renovada “Corte Suprema”:..

El presidente de la Nación Dr. Carlos Saúl Menem (Partido Justicialista), impulsó la integración de la Corte Suprema de Justicia con nueve miembros y envió la nómina que fue aprobada por el Senado, con mayoría “oficialista”.

Tras la renuncia del presidente Dr. Fernando de la Rúa (radical, integrante del Frente), desde el 21 de diciembre hasta fines de ese año hubo una sucesión de presidentes provisorios y el 2 de enero de 2002 comenzó la gestión del doctor Eduardo Duhalde (de Lomas de Zamora, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente al comenzar la primera presidencia del doctor Menem.

El presidente Duhalde propuso la “remoción” de algunos jueces (Augusto Belluscio, Antonio Boggiano Guillermo López, Eduardo Moliné, Julio Nazareno, Adolfo Vázquez), continuaron los doctores Carlos Fayt y Enrique Petrachi (miembros desde 1983) e ingresó el doctor Carlos Maqueda. En mayo de 2003 asumió el patagónico doctor Néstor Carlos Kirchner, con mayoría de su “Frente para la Victoria” en el senado, y fueron designados cuatro nuevos integrantes en reemplazo de los destituidos y renunciantes: doctores Carmen Argibay, Elena Highton, Ricardo Lorenzatti y Eugenio Zaffaroni. La Corte función con siete integrantes, hubo protestas por tales especulaciones políticas y por las demoras en las sentencias hasta que anunciaron “oficialmente” el propósito del presidente Kichner de reducir su constitución a cinco miembros. Distintos medios difundían sucesivos conflictos por la influencia del Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial mientras el Congreso avalaba los “superpoderes”, distribuían subsidios prácticamente sin controles precisos y las provincias no recibían oportunamente los fondos que les correspondían por coparticipación.

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 2006 – Corte Suprema de Justicia y lentitud en los “Fallos”…

El presidente de la Nación Dr. Carlos Saúl Menem (Partido Justicialista), impulsó la integración de la Corte Suprema de Justicia con nueve miembros y envió la nómina que fue aprobada por el Senado, con mayoría “oficialista”.

Tras la renuncia del presidente Dr. Fernando de la Rúa (radical, integrante del Frente), desde el 21 de diciembre hasta fines de ese año hubo una sucesión de presidentes provisorios y el 2 de enero de 2002 comenzó la gestión del doctor Eduardo Duhalde (de Lomas de Zamora, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente al comenzar la primera presidencia del doctor Menem. Propuso la “remoción” de algunos jueces (Augusto Belluscio, Antonio Boggiano Guillermo López, Eduardo Moliné, Julio Nazareno, Adolfo Vázquez), continuaron los doctores Carlos Fayt y Enrique Petrachi (miembros desde 1983) e ingresó el doctor Carlos Maqueda. En mayo de 2003 asumió el patagónico doctor Néstor Carlos Kirchner, con mayoría de su “Frente para la Victoria” en el senado, y fueron designados cuatro nuevos integrantes en reemplazo de los destituidos y renunciantes: doctores Carmen Argibay, Elena Highton, Ricardo Lorenzatti y Eugenio Zaffaroni. La Corte función con siete integrantes, hubo protestas por tales especulaciones políticas y por las demoras en las sentencias hasta que anunciaron “oficialmente” el propósito del presidente Kichner de reducir su constitución a cinco miembros.

Distintos medios difundían sucesivos conflictos por la influencia del Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial mientras el Congreso avalaba los “superpoderes”, distribuían subsidios prácticamente sin controles precisos y las provincias no recibían oportunamente los fondos que les correspondían por coparticipación.

Aumentaba la cantidad de juicios elevados a la Corte por abogados patrocinantes de jubilados damnificados al no percibir los montos con los aumentos “móviles” hasta el 62% y las demandas por los perjuicios económicos que generó la “pesificación asimétrica” establecida por el presidente Duhalde al concluir con la paridad “un peso = un dólar”, vigente desde la primera presidencia del doctor Menem a los fines de frenar el prolongado proceso de “hiperinflación descontrolada” que se había generado durante el gobierno del radical doctor Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989), causa de su decisión de entregar el poder al electo presidente cinco meses antes de finalizar el mandato.

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07-11-2007: Inauguración en el “Parque de la Memoria”.

Mediante la Ley Nº 46 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ordenó la construcción de un monumento “…en homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado…” y el presidente de la Nación doctor Néstor Carlos Kirchner (Frente para la Victoria) junto a Jorge Telerman, jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de noviembre de 2007 inauguraron el “Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”.

“Piden Remoción de Placas de Terroristas”… (2009)

La doctora Victoria Eugenia Villarruel, abogada y presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), solicitó al jefe del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires Ingeniero Mauricio Macri, “quiera tener a bien disponer e impulsar, por la vía que legalmente corresponda, la remoción de 52 placas del Monumento Parque de la Memoria, debido a que tales placas contienen los nombres de terroristas que murieron mientras atacaban un regimiento del Ejército Argentino, durante un gobierno constitucional.

En efecto, entre los miles de nombres a los que ese monumento rinde honores, figuran los de al menos 52 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que participaron, como tales, del ataque al Batallón Depósito de Arsenales 601 “Coronel Domingo Viejobueno”, en la localidad de Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975; es decir, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

La lista de los nombres grabados en el monumento está encabezada por una leyenda que dice:

‘LA NÓMINA DE ESTE MONUMENTO COMPRENDE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO, DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS Y A LOS QUE MURIERON COMBATIENDO POR LOS MISMOS IDEALES DE JUSTICIA Y EQUIDAD’.

Sostener que quienes resultaron muertos mientras atacaban una institución de la Nación, por su propia iniciativa y durante un gobierno democrático, murieron combatiendo ‘por ideales de justicia y equidad’ es una inmoralidad, una aseveración absurda e irracional, un agravio a la Constitución Nacional y una contradicción con el repudio que el monumento pretende demostrar frente a una interrupción del orden constitucional.

Con el mismo criterio, entonces, cualquiera que se alzara en armas contra un gobierno constitucional podría alegar las mismas motivaciones y sería acreedor a un monumento, dependiendo de cuál sea la ideología de quienes encargan su construcción.”

Reiteró luego la doctora Victoria Eugenia Villarruel, lo publicado por Plis-Steremberg, militante del PRT-ERP en su libro “Monte Chingolo – La mayor batalla de la guerrilla argentina, en las páginas 466-468:

“…una lista completa de los muertos del ERP en combate; pero en muchos pasajes del libro, esa lista está sostenida con el relato de las circunstancias específicas en las que varios de los guerrilleros murieron, mientras disparaban contra los militares y soldados que defendían el cuartel.

La lista de los muertos del Ejército Revolucionario del Pueblo para esa acción terrorista es la siguiente:

Barbate, Daniel Roberto

Blanco, Francisco Javier

Boca, Hugo Alberto

Bonet, Carlos Lucas

Bruschtein, Aída Eleonora

Bulit, Pascual Alejandro

Cinqualbre, Carlos María

Colautti, Hugo Francisco

Correa, Jorge Alberto

Crespo, Carlos José

Cuello, Francisco

Delfino, Eduardo Alberto

Enatarriaga, Nelly Noemí

Escobar, Eduardo César

Fabián, Orlando Benjamín

Finocchiaro, Norma Concepción

García, Ernesto

Gatto, Silvia Ana María

González, Ángel Eduardo

Guaziroli, Tristán Gustavo

Islas, Ismael Alfredo

Lafuente, Mónica Silvia

Lasorba, Vicente Lulio

Lescano, Ana María

Liendo, Ana María

Lorenzo, Omar Juan

Machado, Carlos Alberto

Marabotto, María Inés

Mastrogiovanni, Alejandro Ángel

Menéndez, Luis

Mensi, Rubén Víctor

Monzón, Ismael Antonio

Mosqueira, Víctor Manuel

Oroño, Carlos Omar

Paredes, Cristóbal

Ramos, Guillermo Pablo

Rinaldi, Nancy Alejandrina

Salinas, Guillermo Salvador

Salvador, Huberto Ángel

Sánchez, Carmen Gloria

Sánchez, Miguel Ángel

San Martín, Guillermo

Santa Cruz, Abel Jesús

Schottenfeld, Gastón Raimundo

Siba, Rodolfo

Sportuno, Luis Alberto

Stanley, Carlos Horacio

Stegmayer, Roberto Bernardo

Tauil, Enrique

Tisminetzky, Claudio Arturo

Valencia, Juan Carlos

Vázquez, Víctor

Todos, absolutamente todos ellos [cincuenta y dos] tienen sus nombres en el monumento del Parque de la Memoria, como si fueran héroes que combatieron contra una fuerza extranjera o víctimas inocentes arrancadas de sus casas, cuando la realidad indica, por los propios relatos de la organización, recogidos no sólo en la obra citada sino en sus boletines publicados, como Estrella Roja, que participaron del ataque contra una institución de la Nación.”

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2007-2009 – Las hermanas Donda – Distintas conclusiones…

Sabido es que el 10 de diciembre de 1983 asumió el electo presidente de la Nación doctor Raúl Ricardo Alfonsín -conductor del sector “Renovación y Cambio” de la Unión Cívica Radical- y el capitán Adolfo Donda era Agregado naval en Brasil, tiempo de la captura y extradición del montonero Mario Eduardo Firmenich. Han reiterado lo publicado en el diario “La Voz” referido a una sugerencia del catamarqueño Vicente Leonidas Saadi (justicialista), referido a las “tareas de espionaje” que habría realizado el citado marino.

La Cámara Federal procesó en 1987 a Adolfo Donda por más de sesenta delitos (secuestros, tormentos y homicidios) y fue liberado tras la promulgación de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final consecuencias del movimiento por la “dignidad” conducido por el Coronel Aldo Rico con adhesión de la mayoría de los oficiales del ejército nacional.

Ambas leyes fueron derogadas durante la presidencia del patagónico doctor Néstor Carlos Kirchner (ex intendente de Río Gallegos, ex gobernador de Santa Cruz) y luego, anularon los indultos firmados por el presidente doctor Carlos Saúl Menem (La Rioja, Partido Justicialista) a favor de los militares, sin ser considerados los correspondientes a los “guerrilleros” que también habían organizado y participado en atentados, secuestros, torturas y asesinatos.

Releo lo expresado por Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado difundido en mayo de 1988 desde Buenos Aires:

La restitución de los niños secuestrados hace necesario situarla, desde un comienzo, en el terreno que le corresponde: el de las garantías y derechos humanos de los niños, el derecho a la vida en dignidad, a no ser despojados jamás de su singularidad originaria, el derecho a la verdad de su propia historia, a crecer entre los suyos. La referencia, sin concesiones, a este campo constituye el soporte constante del testimonio y la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo.”

Casi a fines del primer año del siglo XXI, desde la televisión difundieron un trabajo de investigación periodística realizado por Miriam Lewin, una de las incontables detenidas que estuvieron en la ESMA.

Durante el programa “Telenoche investiga” reprodujeron imágenes y diálogos alusivos a los hermanos Donda, nacidos en la pueblerina “Diamante”, a orillas del río de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, también tierra natal de Jorge Obeid, montonero jefe de la Regional de la Juventud Peronista cuando se concretó en 1972 el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina tras el exilio iniciado en septiembre de 1955; ex Intendente provisorio de la Municipalidad de Santa Fe y gobernador de la provincia de Santa Fe (1995-1999 y 2003-2007).

Desde entonces, distintos medios comentaron que el septuagenario capitán retirado Arturo José Donda, tenía una hija nacida en mayo de 1977, nombrada Mariel Irene y que los exiliados Leontina de Pérez y su hijo Tito, estaban convencidos de que era la hermana de Eva Daniela.

Con intervención de “Abuelas de Plaza de Mayo” gestionaron un examen de ADN para comprobar la identidad, estudio que el capitán y su esposa se negaron a aceptar. En ese tiempo, Eva Daniela Donda Pérez, desde sus primeros años de vida protegida por su tío paterno el capitán de fragata retirado Adolfo Miguel Donda Tigel -residente en Martínez, provincia de Buenos Aires-, había iniciado un trámite de indemnización por la desaparición de sus padres.

Una tía materna de Hilda Pérez de Donda, residente en Canadá, durante el otoño de 2004, comentó:

“–Presenté el caso en migraciones, acá en Canadá, y me mandaron testimonios de gente que conoció a mi hermana en la ESMA y sabían que era la cuñada de él. Supe que por ser la cuñada le habían ofrecido tratos especiales, creo que era dejarla fumar y darle a lo mejor dos raciones de comida diaria. Y ella se negó, no quiso. No se vendía por nada.

–En el ’83 nos enteramos de que mi hermana había tenido una nena. Hace cinco años hicimos un video para History Channel de Canadá y aparecieron muchos testigos. Lidia Vieyra, que estuvo detenida con mi hermana y presenció el parto, nos contó que cuando las dejaron un momentito solas, María Hilda quiso identificar a la nena con algo y vio una aguja de coser, de esas curvas, porque a ella la habían cosido. Entonces le perforó la orejita y le metieron un hilito azul y se lo ataron. Supimos que Donda le dijo a María Hilda que iba a entregar la nena a la familia. Después, cuando Victoria tenía quince días y trasladaron a mi hermana, él les dijo a todos los detenidos: ‘No se la di nada a la familia’. Él fue el responsable directo. El que hizo todo.”

En octubre de 2004, primavera en el hemisferio sur, la señora Estela Barnes de Carlotto conductora de Abuelas de Plaza de Mayo, informó a los familiares de María Hilda Pérez que habían recuperado una nieta más: Victoria Donda Pérez.

Releo, conmovida:

“-…llama Estela y me pasa con Victoria.

No sabés cómo lloraba cuando empezó a hablar conmigo.

‘Tía -me dijo-, vos sos mi tía, yo te quiero abrazar, quiero hablar con mi abuelita.’

Y empezó a preguntar de todo. Del papá, la mamá. Lo único que pide es reserva respecto de sus papás adoptivos. Ahora que el caso se hizo público está un poquito asustada. Dijo que hasta acá estaba feliz, pero que ahora está un poco angustiada.”

Desde el diario “La Nación” de la ciudad de Buenos Aires, el miércoles 9 de agosto de 2006 informaron que la “Asociación Abuelas de Plaza de Mayo”, ese día había denunciado “al ex represor Adolfo Miguel Donda Tigel, detenido por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, por supuestas amenazas a su sobrina Victoria Donda”.

Luego comenzó la elaboración de un documental y el ex oficial que había sido jefe de inteligencia del empresario Alfredo Yabrán que estaba procesado con “prisión preventiva por 62 casos de graves violaciones a los derechos humanos”, envió una carta documento censurando ese proyecto y solicitando que Victoria Donda Pérez no participara.

Aunque la Constitución Nacional establece la independencia en cada uno de los tres poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial, durante una conferencia de prensa, Estela Barnes de Carlota -la presidenta de “Abuelas…”, expresó:

Queremos que la ciudadanía sepa que la justicia, a la que el Presidente le está dando algunos buenos consejos, no actúa como corresponde en protección de las víctimas”.

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Invierno de 2009: Testimonios del Licenciado Luis Labraña…

Luis Labraña era uno de los trabajadores en el Corralón Municipal de residuos (Gaona y Gualeguaychú), todos perseguidos desde el 24 de marzo de 1976 por los militares del proceso” y entre ellos Julio Gotia, Néstor Sanmartino y Mauricio Silva luego secuestrados en diferentes lugares del baño.

Labraña durante un diálogo con el escritor Juan Bautista Yofre, rememoró que en 1964 integraba la Juventud Revolucionaria Peronista, se acercó a las FAR y estuvo entre miembros de las FAP -Fuerzas Armadas Peronistas- y de las OAP -Organizaciones Armadas Peronistas que incluían a FAP, Montoneros y Descamisados.

En 1977 siendo amigo del poeta Francisco Paco Urondo y acosado por la persecución, dormía en el auto con su mujer y su hijito nombrado Mariano, como era en aquel tiempo su “alias”.

Luis Labraña logró exiliarse en Holanda, se dedicó a la transcripción de documentos argentinos al idioma de ese país, egresó como Licenciado en Lingüística.

En 1994 regresó a su “lugar en el mundo” y en ese barrio organizó el “Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno”, desde entonces es el Director y que anualmente promueve y coordina la exhibición de obras de los asistentes a los diversos talleres de expresión artística.

Quince años después, refiriéndose al “feriado” del 24 marzo, expresó:

“…me parece mal, no tiene sentido, no tenemos nada para conmemorar en esa fecha, ahí se despertó un monstruo.”

El 18 de junio de 2009, el Licenciado Luis Labraña presentó el libro “Volver a matar” y después de agradecer al autor Juan Bautista Tata Yofre esa invitación, dijo:

“…me veo obligado a aclarar que yo no soy un arrepentido. Yo no estuve cautivo. No sufrí apremios. No delaté a nadie. Y si hoy, por primera vez, aparezco en público u estoy aquí, en esta mesa frente a Uds, es por convicción. Por pura convicción!

Al leer el libro de Yofre, se activaron los vericuetos de mi memoria.

Memoria es una hermosa palabra manoseada hasta la degradación.
Recordé a Dixie, la quinta donde fui detenido aquel 14 de febrero de 1973:

Recordé algunos momentos, algunos rostros, algunas situaciones: los días inciertos de incomunicación e interrogatorios, la certidumbre de muchos años de cárcel. Y sobre todo la actitud del Juez que se instaló a dormir en la misma dependencia en la que estábamos detenidos para garantizar nuestras vidas: estaba en manos de la Cámara Federal en lo Penal. /…/

Era evidente, para todos, menos para nosotros, que el gobierno del Gral. Alejandro Agustín Lanusse intentaba combatirnos con la ley en la mano, y eso habría una brecha democrática en el accionar de su gobierno. Pero nosotros no entendíamos nada de política real. La ideología se imponía al raciocinio y a la realidad. Éramos ciegos.

Y ahora reflexiono en voz alta: Queda claro a través de la documentación el importante rol de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el desarrollo y crecimiento de la guerrilla. Había y hay intereses que van más lejos de la simple solidaridad revolucionaria. Hablo de los intereses geoestratégicos que tenía el bloque soviético y de los cuales la Universidad Nacional de Buenos Aires era su más fiel aliado en América.

Cabe determinar si la guerrilla operó por espontaneidad y rebeldía. De lo contrario, estamos frente a una libre interpretación jurídica: el accionar de la guerrilla dentro de los delitos de lesa humanidad, por responder a las órdenes o intereses de un estado. /…/

Aquí hubo una guerra. Pese a lo que digan los vendedores de memoria. Y quienes lo niegan faltan a la verdad y ofenden la convicción y la valentía de quienes murieron en ambas trincheras. Negar la guerra, a la cual nos referíamos continuamente en nuestros documentos como ‘guerra revolucionaria, popular y prolongada’, es hacernos quedar como niñitos estúpidos de un jardín de infantes. Es desmerecernos en provecho de algunos bolsillos. Nosotros fuimos héroes en tiempos de guerra. Y en la otra trinchera también. Nadie debe apropiarse de la sangre y del dolor de los que escribieron la historia de los 70. /…/ En una guerra, al fragor del combate, no hay tregua, piedad ni perdón porque está en juego la vida. /…/ La guerra libera al depredador más grande del reino animal: al hombre. Y en los 70 el ser argentino mutó en fiera. Y pasó lo que pasó.

Mucha muerte, dolor, exilio, cárcel. Vino esta democracia como pudo y con lo que pudo e intento poner paños fríos: amnistía, indulto. Y comenzamos a caminar mirándonos de reojo pero caminábamos. Lentamente nos acostumbrábamos los unos con los otros…

Y de pronto otra vez el hombre muta… Pero no en la bestia guerrera! En un cretino, mediocre e insaciable que generó esta Argentina desprotegida. Esta Argentina sin justicia, sin FFAA, sin contrato social, sin salud, sin trabajo, sin educación… sin seguridad.”

El libro del Tata me llevó a reflexionar que necesitamos una Argentina libre del pasado, sin mezquindades, sin recuento de los muertos, con un monumento único para los que cayeron y con un indulto amplio que nos permita la paz interna.

Porque aquí no hay salida: o quedamos todos libres o vamos todos presos!

Muchas gracias.”

En agosto de 2009, el Licenciado Luis Labraña dijo:

La Argentina está dividida, cuando es hora de barajar y dar de nuevo.

Así como un sector puede considerar que los militares fueron criminales también el otro puede creer que nosotros lo éramos.”

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Octubre de 2009 – Testimonio de Eva Daniela Donda Pérez…

La “Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina” durante un acto realizado a principios de octubre de 2009, reiteró el pedido de juzgamiento a los integrantes del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo” y de Montoneros, por los delitos desde fines de la década del ’60.

Distintos medios, el martes 6 de octubre de 2009 reiteraron lo expresado por Eva Daniela Donda Pérez:

Yo respeto lo que piensa mi hermana y no tengo nada que decir de lo que piensa Victoria, pero yo pienso diferente. El afecto que siento por ella es aparte. Las diferencias que tenemos respecto de lo que pasó en la época de la dictadura son diferencias que pienso que tiene todo el país.”

Luego, durante un diálogo con periodistas transmitido por una radioemisora, Victoria Donda -diputada nacional, Frente para la Victoria generado por el doctor Néstor Carlos Kirchner-, refiriéndose a las declaraciones de su hermana Eva, dijo que “es difícil de entender”…

Es complicado saber que la persona con la que más compartís, por lo menos en materia genética, defienda a quienes asesinaron a tus padres.”

Eva Daniela es mi hermana y creo que esto le hace mucho mal”…

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Decreto Nº 4/2010 – Difusión de información “secreta”…

Aún desde diversos sectores siguen hablando de una parte de los desaparecidos y aparentemente han olvidado los nombres de miles “inocentes” que fueron asesinados, mutilados y heridos al explotar los artefactos que los grupos armados civiles: montoneros, integrantes de los denominados ejércitos revolucionarios del pueblo…

Decreto Nº 4 del 5 de enero de 2010 firmado por la presidente Cristina Elisabet Fernández Whilhelm de Kirchner y los ministros de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Julio Alak y de Defensa Nilda Celia Garré: “…Relévase de la clasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983”. Como si fuera un regalo de los Reyes Magos, el citado Decreto Nº 4 fue publicado en el Boletín Oficial Nº 31.815 el 6 de enero de 2010. Cumplió las pertinentes instrucciones el Jefe de Inteligencia del Ejército al entregar a la ministra Nilda Garre, los nombres de cuatro mil integrantes del Batallón de Inteligencia 601, militares y civiles que cumplieron diversas funciones en el lapso 1976-1983, conjuntamente con la documentación referida a diferentes trámites. Sabido es que el Ing. Julio César Cleto Cobos es vicepresidente de la Nación desde diciembre de 2007 -sin diálogo con la presidente desde el voto de desempate rechazando la resolución Nº 125 referida a retenciones a las exportaciones agrícolas- y que integran el Congreso Nacional: 72 senadores nacionales (renovados por tercios en los años 2005, 2007 y 2009 y 257 diputados nacionales renovados por mitades (2007 y 2009). Lo dispuesto en la Constitución Nacional y en el Código Penal, aparentemente no se ha tenido en cuenta tras esas decisiones.

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Abril 2010 – Entre brumas y dudas…

En España hubo investigaciones en torno a “desaparecidos” en la Argentina mientras detentaron el poder los militares que integraron sucesivas Juntas desde el 24 de marzo de 1976. El juez Baltasar Garzón durante esos procesos judiciales citó a declarar a militares y civiles, también estuvo en Buenos Aires.

Sabido es que tras la guerra civil española (1936-1939) comenzó la segunda guerra mundial que el 6 de agosto de 1945 conmovió en distintos continentes por el atroz bombardeo atómico sobre Hiroshima y días después en Nagasaki. Niños españoles habían sido trasladados a otros países. Sepultaron sin identificar a los muertos. El hambre acosaba a millones de personas y era necesario comenzar con la “reconstrucción”…

El juez Baltasar Garzón, en los primeros años del siglo XXI avanzó en sus investigaciones en torno a las “desapariciones de personas” durante aquella guerra civil y a las responsabilidades del “generalísimo Francisco Franco” y de los grupos “falangistas” por los enterramientos en fosas comunes considerando que se habían cometido “crímenes contra la humanidad”.

Desde las cámaras de la televisión española han proyectado las imágenes de familiares insistiendo en la busca de sus familiares muertos y sepultados al borde de caminos que actualmente son amplias carreteras.

En abril de 2010, distintos medios informan que el juez Luciano Varela, miembro del Tribunal Supremo de España, solicitó que el juez Baltasar Garzón sea juzgado por “haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la guerra civil española” y diversos delitos de lesa humanidad cometidos mientras gobernó el general Francisco Franco Bahamonde, nacido el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol (La Coruña) y fallecido en Madrid, el 20 de noviembre de 1975.

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Juicio sobre hechos criminales contra la humanidad…

En su exhaustivo análisis referido al secuestro, torturas y muerte del general Argentino del Valle Larrabure, el fiscal general Claudio Palacín destacó en su dictamen, que tales “hechos criminales… pueden subsumirse prima facie también en la categoría de crímenes contra la humanidad, si se atiende a la idea central que ha constituido la motivación histórica con la que ha sido moldeada la categoría jurídica; esto es: el propósito de distinguir los crímenes de lesa humanidad de los delitos comunes”. Destacó luego:

“…el concepto de los Derechos Humanos comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX en el ámbito del Derecho Internacional; el que adquirió el estatus de ‘ley dura’ en la Carta de las Naciones Unidas.

La definición incluida en el Estatuto de Roma recoge el desarrollo que el Derecho Internacional exhibió a partir de la Segunda Guerra Mundial desde que los crímenes contra la humanidad fueron formulados en el art. 6.c) de la Carta del Tribunal de Núremberg.

No se define un tipo penal sino una categoría de delitos: los crímenes contra la humanidad pueden ser cometidos en conflictos armados internos como internacionales y en tiempo de paz.”

“…la interpretación debe ser amplia y fiel a los principios que inspiran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

Tanto es así, que en virtud de la Ley Nº 10 del Consejo del Control Aliado de 20 de diciembre de 1945, fueron castigados como crímenes contra la humanidad actos cometidos con anterioridad al inicio de la guerra. El Landgericht de Konstanz aplicó esta ley incluso a un crimen cometido en 1923.

Existe amplitud de opiniones en cuanto al sujeto activo de crímenes de lesa humanidad: están quienes exigen la intervención o al menos la tolerancia del poder político, hasta los que defienden que el delito no exige un sujeto activo especial y que puede ser cometido por particulares.

Con relación al sujeto activo, sostengo que el PRT-ERP habría cometido múltiples crímenes, por lo que podría aseverarse que ese proceder aumentó el peligro de su accionar y planteó una amenaza mayor, porque los correctivos sociales habituales no operaron apropiadamente.

El PRT-ERP, en este caso la entidad tras la política subversiva y revolucionaria, en su carácter de organización rebelde insurrecta, ejerció de hecho poder sobre sectores del territorio nacional.

La Sala de Primera Instancia del Tribunal para la antigua Yugoslavia va en ese sentido, al explicar que el Derecho con relación a los crímenes contra la humanidad se ha desarrollado para tomar en consideración fuerzas que, aun no siendo el gobierno legítimo, tienen el control de facto sobre un territorio definido o son capaces de moverse libremente en el mismo.”

Secuestro, torturas y muerte de Argentino del Valle Larrabure.

Destacó el fiscal general Claudio Daniel Palacín en su Dictamen:

A la luz de los elementos de este caso ¿podemos poner en duda que el Ejército Revolucionario del Pueblo, prima facie sindicado como autor responsable de los crímenes cometidos contra la persona de Argentino del Valle Larrabure, tenía control de facto sobre parte del territorio argentino?

O que en función de lo acontecido en este caso concreto, en el que la víctima -oficial del Ejército argentino y por tanto funcionario público de alta jerarquía-, fue sacada de su lugar de trabajo -un cuartel militar-, secuestrada, torturada, mantenida en cautiverio por más de un año y finalmente asesinada, ¿Puede dudarse que el ERP se movía fácilmente por el territorio argentino?”

“…Los ataques del PRT-ERP fueron sistemáticos, porque estuvieron organizados a la luz de la política común tras la que se alinearon. Fueron producto de un plan.

Ello induce a afirmar, con la jurisprudencia internacional, que: siempre que haya un vínculo, como en este caso, con el ataque generalizado o sistemático en contra de cualquier población civil, un acto aislado puede clasificarse como un crimen en contra de la humanidad, porque el delito subyacente no necesita ser el ataque mismo, sino sólo formar parte de éste.

Los integrantes del PRT-ERP sabían que sus actos formaban parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de acuerdo con una política y un plan nítidamente delineados.

El PRT-ERP no constituyó una organización más, sino que su poder -por momentos- alcanzó para neutralizar, contrarrestar y disminuir el poder del Estado argentino.

Como quiera que se califique provisoriamente al PRT-ERP: facción rebelde, grupo revolucionario, ejército revolucionario, organización rebelde insurrecta y/o subversiva, es claro que no era una organización de tipo mafioso o de ideología simplemente extremista, ajena al Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El PRT-ERP era una organización revolucionaria que planteaba una revolución socialista, inspirada en la Revolución Cubana.

El PRT-ERP diferenció entre las guerrillas armadas y la organización política que las dirigía. No era simplemente un foco, pues desarrollaba organismos y trabajo de masas, tenía frentes legales y sindicales, agrupaciones estudiantiles y publicaciones.

El PRT-ERP revistió una particular importancia. Tuvo un desarrollo notable tanto en términos organizativos como de adherentes y fue la organización argentina que alcanzó el mayor grado de desarrollo militar, tanto por el número de combatientes como por la complejidad de sus estructuras y aparatos armados y por la cantidad y magnitud de las acciones armadas realizadas.

El PRT-ERP era innovador por su concepción revolucionaria, que se sintetizó en su consigna: Por la revolución obrera, latinoamericana y socialista.

Fue una organización que planteó la combinación de múltiples formas de lucha para la toma del poder -entre las cuales, la lucha armada, era fundamental- dirigidas por un partido marxista-leninista que crearía un ejército popular.

El PRT-ERP planteó que “la política dirige el fusil”.

El PRT estaba concebido como un partido de cuadros y el ERP era caracterizado como un ejército popular. Aunque, a veces, las diferencias no eran del todo claras, no todos los miembros del partido desarrollaban acciones armadas. En el punto más alto de su actividad militar, sólo el 50% de los miembros partidarios estaban asignados a la lucha armada. Sin embargo, para llegar a ser un ‘militante’ partidario había que haber participado en, al menos, una acción armada.

A partir de 1973 tuvo un crecimiento rápido debido en parte a la reincorporación de los militantes presos a la lucha, que representaban una cantidad grande de cuadros partidarios. Este crecimiento fue sostenido hasta llegar al punto de mayor desarrollo en 1975, cuando el PRT-ERP contaba entre cinco y seis mil militantes y aspirantes.

Realizó infinidad de pequeñas acciones de aprovisionamiento y de propaganda armada y a fines de 1972 comenzó un nuevo período en su desarrollo militar, que fue caracterizado por el ataque a cuarteles del ejército argentino y finalizó en diciembre de 1975 con el ataque de Monte Chingolo. A partir de 1973, el ERP incrementó su actividad militar. En 1975, estaba organizado en numerosas escuadras locales y fabriles, además de un batallón urbano, dos compañías urbanas, y una compañía rural reforzada. El ERP estableció, también, una estructura de coordinación con los Tupamaros uruguayos, el MIR chileno y el PRT-ELN boliviano, llamada Junta de Coordinación Revolucionaria.

Las cuatro organizaciones instalaron una fábrica de armas en la Argentina que producía explosivos, granadas y, especialmente, la subametralladora JCR1. Además intercambiaban militantes y se apoyaban en forma mutua, tanto financiera como políticamente. Entre 1969 y 1977 el PRT-ERP realizó centenares de acciones armadas en la Argentina, incluyendo siete ataques a cuarteles militares. Destacado aquí…

Hacia 1975, el PRT-ERP tenía células en más de cuatrocientas de las principales fábricas del Gran Buenos Aires; se mantenía organizado en Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero; era una de las principales fuerzas entre los obreros industriales cordobeses; tenía éxito en organizar células y agrupaciones de metalúrgicos y obreros de la carne de Rosario y de petroleros patagónicos. Además, había logrado formar grupos muy activos en el movimiento estudiantil, entre los arrendatarios algodoneros del Chaco, y entre los judiciales y docentes formoseños. Había conseguido establecerse en muchas ciudades y pueblos del interior.

En su punto más alto, su quincenario clandestino El Combatiente tiraba 21.000 ejemplares, mientras que el periódico del ERP, Estrella Roja, imprimía el doble o más; tenía, además, publicaciones dirigidas a sectores obreros específicos, y tres publicaciones legales: el diario El Mundo, el quincenario Nuevo Hombre y la revista política Posición.

Fue una organización compleja. Entre 1969 y 1977 el desarrollo militar del ERP fue notable y fue una de las organizaciones que más acciones realizó durante el período. Una de sus acciones militares habría sido el copamiento del cuartel de Villa María, en donde habría sido secuestrado Argentino del Valle Larrabure. La organización PRT-ERP logró uno de los más importantes desarrollos militares de la época.

Trató de resolver los problemas que se le planteaban vía la formación y el estudio en escuelas de cuadros tanto en el país como en el exterior.
Una de sus compañías, la Compañía de Montes “Ramón Rosa Jiménez”, en mayo de 1974, tomó el pueblo de Acheral.

Desde sus orígenes el PRT-ERP consideró que la vía pacífica al socialismo era una imposibilidad, por lo que el cambio social sólo podría llegar a través de una guerra revolucionaria. En su IV Congreso, el PRT El Combatiente aclaraba que: “a) la revolución es una guerra civil prolongada. b) Es necesario el armamento y preparación militar previa del proletariado y de su Partido, la construcción del ejército revolucionario”.

El PRT-ERP articuló la política y el fusil de manera que la primera dirigiera al segundo. El partido con sus estructuras dirigía a un ejército que también se desarrollaba como organización y que debía tener su propia inserción social.

A partir de 1970 el PRT-ERP se lanzó a la lucha armada bajo la consigna “todo el partido al combate”. El desarrollo de la lucha armada por el PRT-ERP fue notable. Se formaron comandos, escuadras y algunos pelotones, que realizaron una gran cantidad de acciones militares. Una estadística realizada por el propio PRT-ERP consignaba que, entre 1969 y 1973, había realizado 304 acciones. Del total distinguía que el 13% habían sido de logística y aprovisionamiento, 30% la constituían ataques a las fuerzas armadas y la policía, 55% habían sido acciones de masas (tomas de fábrica, represión a patrones, repartos, etcétera), 1% eran secuestros, y 1% liberación de prisioneros.

El PRT-ERP consideraba que se había entrado en una etapa superior de lucha armada, que permitía la existencia de unidades medianas y el atacar al enemigo en sus bases. Todo eso encajaba en el concepto de ejército; y no de pequeños grupos guerrilleros. El ERP pasaría a ser un ejército guerrillero regular aunque su característica operativa fuera guerrillera.
El PRT-ERP consideraba que hacía falta establecer zonas liberadas donde fortalecerse para, eventualmente, emerger y quebrar el espinazo del Ejército enemigo.

A fines de 1974 el ERP tenía un control efectivo de un tercio de la provincia de Tucumán y se presentaba como una seria amenaza a la capital de la provincia y para la estabilidad del Estado argentino.

El ataque a la Fábrica Militar de Armas de Villa María fue un buen ejemplo de la autonomización de lo militar de las necesidades políticas. La razón ostensible era la incautación de armamento, pero por debajo había la necesidad de realizar demostración de fuerza. Se trataba de realizarlo al mismo tiempo que el ataque al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Este último fue encarado por la Compañía de Monte ‘Ramón Rosa Jiménez’ que se desplazó desde Tucumán hasta Capilla del Rosario, en las cercanías de Catamarca.

El ataque de Villa María, realizado por la Compañía ‘Decididos de Córdoba’, fue calificado de éxito puesto que se logró reducir la base militar y obtener cuantioso armamento. En él habría participado casi toda la conducción regional incluyendo a los responsables del trabajo legal y del trabajo sindical.

Habrían sido aproximadamente cien efectivos. El jefe del operativo habría sido Juan Eliseo Ledesma, alias ‘Pedro’.

Habrían contado con la colaboración de un infiltrado dentro del cuartel, además de infraestructura adecuada: comunicaciones con walkie talkie y radio, y entrado con camiones y autos a un hotel alojamiento cercano. Allí se habrían vestido con ropa de soldado y habrían marchado hacia el cuartel. La estructura era de escuadra y de pelotón.

Según El Combatiente, de un primer balance provisorio del ataque al cuartel de Villa María surgía que el PRT-ERP había ‘detenido’ un jefe del ejército argentino, que había sido alojado ‘en una cárcel del pueblo’.
El PRT-ERP entendía que la disputa por el poder se manifiesta primero en el surgimiento de órganos y formas de poder revolucionario a nivel local y nacional, que coexisten en oposición al poder burgués. Así los organismos de doble poder por excelencia son las organizaciones barriales, las comisiones internas de los sindicatos, el frente antiimperialista, el ejército guerrillero. La idea básica era ir construyendo instancias orgánicas concretas que fueran reemplazando al Estado burgués, en cuyo proceso la gente hiciera experiencia práctica, desarrollara conciencia de su propio poder, y fuera ejerciendo un principio de democracia popular.

La capacidad de movilización y el accionar armado del PRT-ERP eran una clara demostración de fuerza que no podía ser ignorada. Sólo así se entiende que el frente legal de la organización tuviera diálogos con políticos como Oscar Alende o Ricardo Balbín. En Córdoba el PRT-ERP tenía mucha fuerza basada en un trabajo de masas y un accionar armado permanente.
En la provincia de Córdoba la organización desarrolló una política parlamentaria, sin tener ningún diputado propio. Poseía contactos en la legislatura provincial. El presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba era definido como ‘un compañero, el colorado Bruno, que era JTP’.
El dueño de El Cronista Comercial habría pertenecido al PRT (Rafael Perrotta) y habría colaborado con el aparato de inteligencia del PRT-ERP.
Santucho, líder del ERP, habría viajado a Cuba en 1961 y tomado contacto con algunos de los cuadros militares del Movimiento 26 de Julio, e iniciado su primer entrenamiento guerrillero junto a otros revolucionarios, entre algunos dirigentes Tupamaros.

Habría sido una época signada por el convencimiento de los dirigentes cubanos de que su experiencia podía difuminarse como ejemplo al resto del continente. Ello sería la garantía, pensaban, para terminar con las condiciones de atraso del resto de ‘Los pueblos oprimidos’ y, también, la mejor defensa de Cuba porque no todos los cañones norteamericanos estarían apuntándole.

En 1971, Santucho viajó otra vez a Cuba. Fue hacia La Habana especialmente invitado por el Partido Comunista cubano. En Cuba Santucho habría realizado algunas actividades públicas y otras secretas. Se habría entrevistado con importantes comandantes guerrilleros, entonces héroes indiscutidos, entre ellos Arnaldo Ochoa, con quien habría debatido sobre estrategia militar.

El gobierno cubano siempre habría mantenido un riguroso secreto sobre las vinculaciones con dirigentes guerrilleros latinoamericanos.

Por aquellos años los comunistas cubanos habrían impulsado cambios revolucionarios en cualquier parte del planeta, especialmente en Latinoamérica, además de renovar sus principios de internacionalismo guevarista.
En 1972 los comunistas cubanos habrían respaldado aún todos los proyectos revolucionarios del continente, especialmente los generados luego de la OLAS y, en el caso de los guerrilleros fugados de Rawson, creían tener un deber de solidaridad. [Muertos algunos en Trelew el 22 de agosto de 1972.] Después de todo, esa nueva generación de revolucionarios se había forjado a imagen y semejanza del Che y con la esperanza de construir un futuro igual al de Cuba.

Santucho seguía imaginando que la Argentina era parecida a Vietnam; y el ERP al Vietcong. Su intención era crear una zona liberada con apoyo de la población local para reclamar reconocimiento internacional como fuerza beligerante e intensificar la formación de combatientes y oficiales capaces de sobrellevar una guerra de larga duración. También consideraba la posibilidad de montar una radioemisora de propaganda revolucionaria y, en el futuro, la necesidad de instalar a la comandancia del ERP y eventualmente a la dirección política del PRT.

La doctrina y la jurisprudencia internacional tienen dicho que, para la configuración de los crímenes contra la humanidad, el apoyo estatal no tiene por qué estar específicamente referido al acto u actos criminales concretos que se investigan; basta con que el o los Estados involucrados hayan prohijado, alentado y/o tolerado dichas actividades violatorias de los más elementales derechos humanos, en abierta violación al Derecho Penal Internacional.

Desde mi óptica, las conductas criminales sufridas por Argentino del Valle Larrabure constituyen un asunto de interés internacional. No fueron actos aleatorios de violencia, ni aislados, ni fortuitos, sino parte de un ataque generalizado y sistemático contra una multiplicidad de víctimas.
El PRT-ERP era una organización política y militar, toda vez que contaba con un partido y un verdadero Ejército Revolucionario, justamente llamado del Pueblo, cuyo fin era tomar el poder en toda la Argentina.

Tenía como norte a la Revolución Cubana.

El PRT-ERP no fue una simple asociación ilícita. Al contrario, la complejidad de la organización, sus fines y actividades concretadas en la Argentina tornan al PRT-ERP -agrupación rebelde insurrecta y persona jurídica de Derecho Internacional- en una típica organización de las aludidas en el Derecho Internacional con aptitud de ser sujeto activo de crímenes contra la humanidad.

El análisis sólo debe hacerse en el marco de la ciencia del Derecho, por eso hay que recurrir a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Penal Internacional y del Derecho Humanitario, consuetudinarias y contractuales plasmadas en el artículo 6.c) de la Carta del Tribunal de Núremberg y, en 1998, en el Tratado de Roma, que no han creado nada nuevo respecto a lo esencial sino que han recogido la larga evolución de ese Derecho.

Las interpretaciones limitativas que se citan para apoyar el criterio más restrictivo en cuanto al sujeto activo son sólo opiniones y no son de aplicación inexorable, ni mucho menos. Lo incuestionable son las normas aplicables, como se dijo, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Penal Internacional y del Derecho Humanitario, que únicamente requieren la existencia de un vínculo entre los crímenes contra la humanidad y una organización o grupo.

Obsérvese que el ERP, frecuentemente, trasladaba gran cantidad de efectivos, armamentos y material logístico de un lugar a otro del país; con una facilidad de desplazamiento llamativa.

Súmese que el PRT-ERP tenía cierto control sobre espacios geográficos determinados; pretendía establecer ‘zonas liberadas’ para obtener el expreso reconocimiento internacional; instauró ‘cárceles del pueblo’ que decidían sobre la muerte de personas desarmadas e indefensas; que secuestraba, torturaba y asesinaba.

En este caso concreto, bajo todas las circunstancias enumeradas y que configuran la categoría jurídica de crímenes contra la humanidad, el ERP habría secuestrado, privado de su libertad más de un año, torturado y asesinado a una persona indefensa: Argentino del Valle Larrabure.

No encuentro sustento científico que avale ningún ‘criterio restrictivo’ en esta cuestión de gravísima lesión a los más esenciales derechos humanos. Estimo que no estamos ante delitos comunes sino ante crímenes de lesa humanidad.

Está prima facie acreditado que los crímenes que sufrió Larrabure habrían sido cometidos por una organización de las captadas por la normativa internacional, de aplicación al caso.

En este caso concreto, estaríamos ante crímenes de lesa humanidad, dado que la hipótesis penal que se nos plantea encuadraría en la formulación de esa noción jurídica, porque se verificaría la existencia de un vínculo con una autoridad o un poder, en este caso la organización político-militar PRT-ERP.

La categoría jurídica crímenes contra la humanidad tiende a salvaguardar valores humanos fundamentales y proscribe las atrocidades contra de la dignidad humana. Su fin es criminalizar las violaciones más graves de los Derechos Humanos.

Hay consenso respecto a que en la categoría jurídica crímenes contra la humanidad están incluidos los cometidos contra la población civil, por razones políticas: homicidio intencional; encarcelamiento; tortura; y otros actos inhumanos.

No existe óbice en este caso, tampoco, en orden al requisito de población civil atacada, toda vez que ese elemento -propio de la categoría jurídica analizada- tiene que ver con el origen de los crímenes contra la humanidad en el Derecho Humanitario: Argentino del Valle Larrabure, en este sentido, formaba parte de la población civil.

El requisito de que el objeto del ataque deba ser una población es el mismo que el usado para un ataque generalizado o sistemático. Su fundamento es excluir los actos de violencia aislados o fortuitos.

El elemento ‘población’ requiere sencillamente que exista una multiplicidad de víctimas y significa lo mismo que el elemento ataque (generalizado o sistemático): no es un crimen contra la humanidad el crimen aislado que no forma parte de un ataque en contra de una multiplicidad de víctimas.

En la actualidad el calificativo ‘cualquier’ sólo destaca el hecho de que ninguna parte de la población está excluida de la protección proporcionada por la prohibición de los crímenes contra la humanidad. Esto implica que se impone una interpretación amplia del término ‘civil’.

No hay duda: no sólo pueden ser violados los Derechos Humanos de los civiles, también los de los soldados. En tal sentido, la jurisprudencia internacional considera una sinrazón no proteger también a los combatientes y a los soldados de igual nacionalidad que la de los criminales.

La interpretación extensa está enérgicamente respaldada por la jurisprudencia y constituye una tendencia interpretar de modo amplio el término ‘civil’ en el ámbito de los crímenes contra la humanidad.

Los integrantes miembros de una población civil son personas que no toman parte activa ninguna en las hostilidades, y ahí pueden quedar comprendidos los miembros de las fuerzas armadas que depusieron sus armas y las personas que ya no participan en el combate. Pero además de esos extremos que se cumplirían respecto a Larrabure, debemos recordar que éste permaneció más de un año cautivo, desarmado e indefenso en una ‘cárcel del pueblo’.

Todo individuo indefenso, independientemente de su estado formal como miembro de una fuerza armada, debe considerarse civil. Quedan comprendidos quienes no estén tomando parte activa en las hostilidades, incluyendo los miembros de las fuerzas armadas.

La exclusión de militares y soldados como víctimas de crímenes contra la humanidad, por su sola condición de tales, no tiene justificación alguna en el Derecho Internacional: ni en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ni en el Derecho Penal Internacional, ni en el Derecho Humanitario, de aplicación a todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo, en tanto y en cuanto los recaudos encuadren en la categoría jurídica, como ocurre en este caso.

Argentino del Valle Larrabure estaba protegido por su sola condición de persona, independientemente de su profesión, por el Derecho Penal Internacional y el Derecho Humanitario aplicables tanto a épocas de conflicto armado como de paz. Ellos, con fundamento en los derechos humanos, condenan los crímenes contra la humanidad.

Las cortapisas que podrían esgrimirse y las pretensas limitaciones, supuestamente inexorables e infranqueables, no son tales. Entiendo que la comunidad internacional no censurará el castigo de las violaciones de los derechos humanos elementales de una persona -en este caso los de Argentino del Valle Larrabure- por los órganos judiciales de su propio Estado nacional, apelando a la categoría jurídica crímenes contra la humanidad, con sólidos elementos de juicio. Esa misma comunidad internacional no establece -mediante el Derecho- un techo sino un piso o estándar mínimo, desde el que parte la clara diferenciación entre delitos comunes y crímenes contra la humanidad.

Dejar afuera de la categoría jurídica de crímenes contra la humanidad este caso concreto, además de constituir -desde nuestra óptica- una injusticia, podría alentar en el futuro nuevas acciones criminales de lesa humanidad, como las que aquí nos toca analizar.

El ERP habría recibido apoyo de agrupaciones subversivas del exterior y de dirigentes políticos latinoamericanos.

La legalidad y los intereses generales de la sociedad (art. 120, Constitución Nacional) demandan la persecución, el juzgamiento y el castigo de estos crímenes contra la humanidad.

c. Los valores son esencias objetivas y cualitativas, que se pueden referir a todos los objetos en general y a los seres humanos, operando como un patrón para la estimación de la realidad.

Relacionado con el concepto anterior, debe decirse que al Derecho se lo define como un orden jurídico establecido para el logro de los valores, entre los que se encuentran: justicia, igualdad, paz, libertad, bien común y seguridad”…

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“Con coraje y hacia delante”…

El presidente uruguayo José Pepe Mujica, militante Tupamaro en la década del ’70, en su primer discurso ante miembros de las Fuerzas Armadas casi al final de la primera década del siglo XXI, expresó:

No somos aficionados a vivir de la nostalgia ni de páginas amarillas, todos los días amanece, la vida comienza. Siempre estamos comenzando, la vida se vive con coraje y hacia delante.”

Cada cual tendrá que cargar con su mochila, pero las mochilas no son ejercicio de saldar cuentas cuando hay que construir, por eso hoy esto es muy simbólico, tremendamente simbólico.”

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Lecturas y síntesis: Nidia Orbea Álvarez de Fontanini.